La Agencia Tributaria advirtió en abril de 2022 a la Fiscalía de que no había podido acreditar que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira hubiesen influido en la designación de colegiados o alterado los resultados de los partidos ni pudo acreditar que hubiese constancia de pagos a ningún arbitro.
Hacienda subraya que las conductas ilícitas asociadas a la posible compra de árbitros “no han quedado acreditadas en el procedimiento inspector”.
Hacienda llegó a estas conclusiones, pese a que, en su querella, la Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el club azulgrana “alcanzó y mantuvo” un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para que “a cambio de dinero” realizase “actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase” y en los “resultados de las competiciones”.
